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Thursday, January 27, 2022
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    El nuevo cuento de la criada: el aborto, en el punto de mira en 2021

    Foto: elmundo.es

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    Natalya no podía permitirse otro hijo que alimentar. Estaba de 19 semanas cuando decidió abortar en Polonia, un país que sólo permite hacerlo tras una violación o incesto o cuando la vida de la madre corre peligro. Así que Natalya (nombre ficticio), “aterrada de que la obligaran a llevar a término su embarazo” se puso en contacto con Abortion Without Borders (Aborto sin Fronteras). La organización la ayudó a viajar en coche, junto a su pareja, hasta España (los médicos le habían prohibido volar por ser un embarazo de riesgo). Ellos pagaron el viaje y la ONG se encargó de los costes del procedimiento, unos 2.000 euros.

    No le ocurrió lo mismo a su compatriota Izabela, que el pasado noviembre se convirtió en símbolo de las protestas contra el aborto en Polonia. Izabela, de 30 años, murió de un shock séptico poco después de que el feto de 22 semanas que llevaba en su vientre muriera. Según denunció su familia, los médicos decidieron esperar a que el embrión dejara de latir para hacerle un legrado a Izabela. “El niño pesa 485 gramos. Por la ley del aborto, tengo que quedarme en cama. No hay nada que puedan hacer. Esperarán hasta que muera”. Fue uno de los últimos mensajes de Izabela a su madre.

    Polonia no es un país fácil para las mujeres. En enero de 2021 entró en vigor el fallo del Tribunal Constitucional, de octubre de 2020, que prohíbe el aborto en casos de malformación fetal grave. De un vistazo puede comprobarse la repercusión que esa sentencia tuvo en el número de mujeres que pidieron ayuda para poner fin a sus embarazos. En 2019, Abortion Without Borders, la ONG antes citada, ayudó a abortar a 5.237 mujeres. Desde octubre de 2020 (fecha de la polémica sentencia) hasta octubre de 2021, hizo lo mismo con 34.000 mujeres.

    Mientras, en enero se pondrá en marcha un registro digital de todos los embarazos del país. “Es llegar a un nivel completamente distinto de vigilancia, otro ejemplo de cómo se permite a las autoridades controlar el cuerpo de la mujer. Este registro reforzará la sensación de que el aborto es algo de lo que avergonzarse y el embarazo, un estado especial de la mujer; de que las embarazadas no son lo suficientemente responsables como para tomar decisiones por sí mismas”, afirma por teléfono la activista Weronika Smigielska

    Polonia no es una excepción en un mundo donde cada vez más países persiguen o penalizan el aborto. “Hay una corriente en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres como reacción a que, cada vez más, las mujeres se movilizan”, afirma Lola Liceras, coordinadora de Amnistía Internacional sobre los derechos humanos de las mujeres en el mundo.

    El caso de Polonia es llamativo porque, recuerda Liceras, anima a grupos antiabortistas en otros países a hacer exactamente lo mismo. Por ejemplo, en Eslovaquia, en 2019, hubo un intento de aprobar una norma que obligaba a las mujeres embarazadas (también si eran menores) a hacerse una ecografía, verla y escuchar el corazón del feto. “Iba en contra de la dignidad de las mujeres”, denuncia Liceras. Esa ley finalmente no se aprobó pero en la otra punta del mundo, en Texas (Estados Unidos), se aprobó el pasado septiembre la ley del latido, que prohíbe el aborto desde la sexta semana, cuando la mayoría de las mujeres ni siquiera saben que están embarazadas. Una norma que no hace excepciones en caso de incesto o violación y que tiene la particularidad de permitir a cualquier ciudadano demandar a quien aborta o es “cómplice” en una interrupción del embarazo.

    A principios de diciembre, el Tribunal Supremo decidió dejar en vigor esta norma, mientras sigue estudiando otra ley similar aprobada en Mississippi. Por primera vez en décadas, el más alto tribunal de EEUU debe ahora pronunciarse sobre la constitucionalidad del aborto, legalizado desde la decisión “Roe contra Wade” (1973), que lo permite hasta la viabilidad del feto fuera del vientre de la madre, en torno a las 23 o 24 semanas de gestación.

    “Hay que hacer toda una política de concienciación, de explicar a la ciudadanía que aunque el aborto se prohíba siempre va a seguir existiendo. Lo único que cambia es que si está regulado, es seguro y forma parte de la sanidad, las mujeres y niñas no arriesgan su vida”, reivindica Liceras, que recuerda que en varios países de América Latina está arraigada la idea de que el aborto es un crimen.

    “En El Salvador las mujeres acusadas de abortar están penalizadas con hasta 30 años de cárcel, es un crimen agravado porque se considera que han matado a un hijo”, continúa, añadiendo que en América Latina las sociedades suelen ser tolerantes con la violencia sexual. En El Salvador, Honduras o Nicaragua hay una prohibición total del aborto, “incluso aunque suponga la muerte para la madre”, una madre que quizá es una niña violada por un familiar o alguien cercano, de su comunidad.

    En esa contradicción terrible, la educación aparece como algo vital. Y eso lo sabe también la otra parte, los grupos antiabortistas que impulsan normas que no sólo castigan el aborto, sino que también buscan prohibir la educación afectiva sexual en las escuelas. En Hungría, desde el pasado junio está prohibido hablar de homosexualidad en los colegios.

    Muy lejos de allí, en Irán, el gobierno del ultraconservador Ebrahim Raisi acaba de sacar adelante una nueva ley que impone restricciones al aborto, pero también a la contracepción y la esterilización voluntaria. Además, da mayores poderes a la policía para vigilar a las mujeres que acceden a cualquiera de estos servicios.

    “Irán, que hace tiempo fue un ejemplo de éxito en lo referente a la planificación familiar, ha venido limitando gradualmente el acceso a los contraceptivos”, denuncia Tara Sepehri Far, investigadora de la División de Oriente Próximo y el Norte de África para la organización Human Rights Watch.

    Nota: visitar el link debajo para información más detallada.

     

    fuente:https://www.elmundo.es/internacional/2021/12/29/61c4ad0a21efa07f508b456e.html

    Los derechos de este artículo pertenecen a la fuente mencionada.

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    El nuevo cuento de la criada: el aborto, en el punto de mira en 2021

    Foto: elmundo.es

    Natalya no podía permitirse otro hijo que alimentar. Estaba de 19 semanas cuando decidió abortar en Polonia, un país que sólo permite hacerlo tras una violación o incesto o cuando la vida de la madre corre peligro. Así que Natalya (nombre ficticio), “aterrada de que la obligaran a llevar a término su embarazo” se puso en contacto con Abortion Without Borders (Aborto sin Fronteras). La organización la ayudó a viajar en coche, junto a su pareja, hasta España (los médicos le habían prohibido volar por ser un embarazo de riesgo). Ellos pagaron el viaje y la ONG se encargó de los costes del procedimiento, unos 2.000 euros.

    No le ocurrió lo mismo a su compatriota Izabela, que el pasado noviembre se convirtió en símbolo de las protestas contra el aborto en Polonia. Izabela, de 30 años, murió de un shock séptico poco después de que el feto de 22 semanas que llevaba en su vientre muriera. Según denunció su familia, los médicos decidieron esperar a que el embrión dejara de latir para hacerle un legrado a Izabela. “El niño pesa 485 gramos. Por la ley del aborto, tengo que quedarme en cama. No hay nada que puedan hacer. Esperarán hasta que muera”. Fue uno de los últimos mensajes de Izabela a su madre.

    Polonia no es un país fácil para las mujeres. En enero de 2021 entró en vigor el fallo del Tribunal Constitucional, de octubre de 2020, que prohíbe el aborto en casos de malformación fetal grave. De un vistazo puede comprobarse la repercusión que esa sentencia tuvo en el número de mujeres que pidieron ayuda para poner fin a sus embarazos. En 2019, Abortion Without Borders, la ONG antes citada, ayudó a abortar a 5.237 mujeres. Desde octubre de 2020 (fecha de la polémica sentencia) hasta octubre de 2021, hizo lo mismo con 34.000 mujeres.

    Mientras, en enero se pondrá en marcha un registro digital de todos los embarazos del país. “Es llegar a un nivel completamente distinto de vigilancia, otro ejemplo de cómo se permite a las autoridades controlar el cuerpo de la mujer. Este registro reforzará la sensación de que el aborto es algo de lo que avergonzarse y el embarazo, un estado especial de la mujer; de que las embarazadas no son lo suficientemente responsables como para tomar decisiones por sí mismas”, afirma por teléfono la activista Weronika Smigielska

    Polonia no es una excepción en un mundo donde cada vez más países persiguen o penalizan el aborto. “Hay una corriente en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres como reacción a que, cada vez más, las mujeres se movilizan”, afirma Lola Liceras, coordinadora de Amnistía Internacional sobre los derechos humanos de las mujeres en el mundo.

    El caso de Polonia es llamativo porque, recuerda Liceras, anima a grupos antiabortistas en otros países a hacer exactamente lo mismo. Por ejemplo, en Eslovaquia, en 2019, hubo un intento de aprobar una norma que obligaba a las mujeres embarazadas (también si eran menores) a hacerse una ecografía, verla y escuchar el corazón del feto. “Iba en contra de la dignidad de las mujeres”, denuncia Liceras. Esa ley finalmente no se aprobó pero en la otra punta del mundo, en Texas (Estados Unidos), se aprobó el pasado septiembre la ley del latido, que prohíbe el aborto desde la sexta semana, cuando la mayoría de las mujeres ni siquiera saben que están embarazadas. Una norma que no hace excepciones en caso de incesto o violación y que tiene la particularidad de permitir a cualquier ciudadano demandar a quien aborta o es “cómplice” en una interrupción del embarazo.

    A principios de diciembre, el Tribunal Supremo decidió dejar en vigor esta norma, mientras sigue estudiando otra ley similar aprobada en Mississippi. Por primera vez en décadas, el más alto tribunal de EEUU debe ahora pronunciarse sobre la constitucionalidad del aborto, legalizado desde la decisión “Roe contra Wade” (1973), que lo permite hasta la viabilidad del feto fuera del vientre de la madre, en torno a las 23 o 24 semanas de gestación.

    “Hay que hacer toda una política de concienciación, de explicar a la ciudadanía que aunque el aborto se prohíba siempre va a seguir existiendo. Lo único que cambia es que si está regulado, es seguro y forma parte de la sanidad, las mujeres y niñas no arriesgan su vida”, reivindica Liceras, que recuerda que en varios países de América Latina está arraigada la idea de que el aborto es un crimen.

    “En El Salvador las mujeres acusadas de abortar están penalizadas con hasta 30 años de cárcel, es un crimen agravado porque se considera que han matado a un hijo”, continúa, añadiendo que en América Latina las sociedades suelen ser tolerantes con la violencia sexual. En El Salvador, Honduras o Nicaragua hay una prohibición total del aborto, “incluso aunque suponga la muerte para la madre”, una madre que quizá es una niña violada por un familiar o alguien cercano, de su comunidad.

    En esa contradicción terrible, la educación aparece como algo vital. Y eso lo sabe también la otra parte, los grupos antiabortistas que impulsan normas que no sólo castigan el aborto, sino que también buscan prohibir la educación afectiva sexual en las escuelas. En Hungría, desde el pasado junio está prohibido hablar de homosexualidad en los colegios.

    Muy lejos de allí, en Irán, el gobierno del ultraconservador Ebrahim Raisi acaba de sacar adelante una nueva ley que impone restricciones al aborto, pero también a la contracepción y la esterilización voluntaria. Además, da mayores poderes a la policía para vigilar a las mujeres que acceden a cualquiera de estos servicios.

    “Irán, que hace tiempo fue un ejemplo de éxito en lo referente a la planificación familiar, ha venido limitando gradualmente el acceso a los contraceptivos”, denuncia Tara Sepehri Far, investigadora de la División de Oriente Próximo y el Norte de África para la organización Human Rights Watch.

    Nota: visitar el link debajo para información más detallada.

     

    fuente:https://www.elmundo.es/internacional/2021/12/29/61c4ad0a21efa07f508b456e.html

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    No le ocurrió lo mismo a su compatriota Izabela, que el pasado noviembre se convirtió en símbolo de las protestas contra el aborto en Polonia. Izabela, de 30 años, murió de un shock séptico poco después de que el feto de 22 semanas que llevaba en su vientre muriera. Según denunció su familia, los médicos decidieron esperar a que el embrión dejara de latir para hacerle un legrado a Izabela. “El niño pesa 485 gramos. Por la ley del aborto, tengo que quedarme en cama. No hay nada que puedan hacer. Esperarán hasta que muera”. Fue uno de los últimos mensajes de Izabela a su madre.

    Polonia no es un país fácil para las mujeres. En enero de 2021 entró en vigor el fallo del Tribunal Constitucional, de octubre de 2020, que prohíbe el aborto en casos de malformación fetal grave. De un vistazo puede comprobarse la repercusión que esa sentencia tuvo en el número de mujeres que pidieron ayuda para poner fin a sus embarazos. En 2019, Abortion Without Borders, la ONG antes citada, ayudó a abortar a 5.237 mujeres. Desde octubre de 2020 (fecha de la polémica sentencia) hasta octubre de 2021, hizo lo mismo con 34.000 mujeres.

    Mientras, en enero se pondrá en marcha un registro digital de todos los embarazos del país. “Es llegar a un nivel completamente distinto de vigilancia, otro ejemplo de cómo se permite a las autoridades controlar el cuerpo de la mujer. Este registro reforzará la sensación de que el aborto es algo de lo que avergonzarse y el embarazo, un estado especial de la mujer; de que las embarazadas no son lo suficientemente responsables como para tomar decisiones por sí mismas”, afirma por teléfono la activista Weronika Smigielska

    Polonia no es una excepción en un mundo donde cada vez más países persiguen o penalizan el aborto. “Hay una corriente en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres como reacción a que, cada vez más, las mujeres se movilizan”, afirma Lola Liceras, coordinadora de Amnistía Internacional sobre los derechos humanos de las mujeres en el mundo.

    El caso de Polonia es llamativo porque, recuerda Liceras, anima a grupos antiabortistas en otros países a hacer exactamente lo mismo. Por ejemplo, en Eslovaquia, en 2019, hubo un intento de aprobar una norma que obligaba a las mujeres embarazadas (también si eran menores) a hacerse una ecografía, verla y escuchar el corazón del feto. “Iba en contra de la dignidad de las mujeres”, denuncia Liceras. Esa ley finalmente no se aprobó pero en la otra punta del mundo, en Texas (Estados Unidos), se aprobó el pasado septiembre la ley del latido, que prohíbe el aborto desde la sexta semana, cuando la mayoría de las mujeres ni siquiera saben que están embarazadas. Una norma que no hace excepciones en caso de incesto o violación y que tiene la particularidad de permitir a cualquier ciudadano demandar a quien aborta o es “cómplice” en una interrupción del embarazo.

    A principios de diciembre, el Tribunal Supremo decidió dejar en vigor esta norma, mientras sigue estudiando otra ley similar aprobada en Mississippi. Por primera vez en décadas, el más alto tribunal de EEUU debe ahora pronunciarse sobre la constitucionalidad del aborto, legalizado desde la decisión “Roe contra Wade” (1973), que lo permite hasta la viabilidad del feto fuera del vientre de la madre, en torno a las 23 o 24 semanas de gestación.

    “Hay que hacer toda una política de concienciación, de explicar a la ciudadanía que aunque el aborto se prohíba siempre va a seguir existiendo. Lo único que cambia es que si está regulado, es seguro y forma parte de la sanidad, las mujeres y niñas no arriesgan su vida”, reivindica Liceras, que recuerda que en varios países de América Latina está arraigada la idea de que el aborto es un crimen.

    “En El Salvador las mujeres acusadas de abortar están penalizadas con hasta 30 años de cárcel, es un crimen agravado porque se considera que han matado a un hijo”, continúa, añadiendo que en América Latina las sociedades suelen ser tolerantes con la violencia sexual. En El Salvador, Honduras o Nicaragua hay una prohibición total del aborto, “incluso aunque suponga la muerte para la madre”, una madre que quizá es una niña violada por un familiar o alguien cercano, de su comunidad.

    En esa contradicción terrible, la educación aparece como algo vital. Y eso lo sabe también la otra parte, los grupos antiabortistas que impulsan normas que no sólo castigan el aborto, sino que también buscan prohibir la educación afectiva sexual en las escuelas. En Hungría, desde el pasado junio está prohibido hablar de homosexualidad en los colegios.

    Muy lejos de allí, en Irán, el gobierno del ultraconservador Ebrahim Raisi acaba de sacar adelante una nueva ley que impone restricciones al aborto, pero también a la contracepción y la esterilización voluntaria. Además, da mayores poderes a la policía para vigilar a las mujeres que acceden a cualquiera de estos servicios.

    “Irán, que hace tiempo fue un ejemplo de éxito en lo referente a la planificación familiar, ha venido limitando gradualmente el acceso a los contraceptivos”, denuncia Tara Sepehri Far, investigadora de la División de Oriente Próximo y el Norte de África para la organización Human Rights Watch.

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    fuente:https://www.elmundo.es/internacional/2021/12/29/61c4ad0a21efa07f508b456e.html

    Los derechos de este artículo pertenecen a la fuente mencionada.

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