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Saturday, January 29, 2022
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    Se deroga la modificación a la Ley de Amnistía

    Foto: blog.hernandez-vilches.com

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    La Ley de Amnistía de 1989, modificada en abril de 2012, fue derogada en la noche del viernes tras su aprobación por la Asamblea Nacional con 32 votos a favor y 12 en contra. Actualmente, la publicación de la ley original que había sido promulgada en 1992 tuvo lugar el sábado, al día siguiente de su aprobación por el Parlamento, mediante una nueva publicación en el Boletín Oficial de Suriname por parte del Gobierno.

    Asimismo, se dio a conocer que los parlamentarios Ivanildo Plein (Partido Nacional de Suriname NPS) y Asiskumar Gajadien (Partido de la Reforma Progresista VHP), habían presentado una iniciativa de ley para su discusión con las partes pertinentes. El proyecto llegó después de que el Tribunal Constitucional dictaminara que la norma enmendada violaba la Constitución de Suriname y los tratados internacionales. Sin embargo, el Partido Democrático Nacional (NDP) no estaba de acuerdo con el procedimiento seguido por el parlamento y por ello votó en contra.

    En este marco, el presidente de la Comisión de Reporteros, Mahinder Jogi, señaló que los miembros de la asamblea habían solicitado al citado órgano jurisdiccional el año pasado, en virtud de la Ley del Tribunal Constitucional, la revisión del proyecto de ley de Amnistía en su versión modificada. En dicha revisión comprobaron que existe un problema de aplicación de la ley. La petición de los representantes de la sociedad parecía legítima, tras lo cual el Tribunal Constitucional (CHof, por sus siglas en neerlandés) estudió el asunto de acuerdo con sus competencias legales. “El tribunal hizo su trabajo, efectuó la revisión que le correspondía, y llegó a la conclusión de que la norma no es vinculante, es decir que carece de carácter obligatorio, lo que significa que ahora le corresponde de acuerdo con la Constitución el Parlamento en este caso, -que junto con el Gobierno constituye el poder legislativo-, corregir lo que no está correcto en esa ley de Amnistía”, enfatizó el presidente de la comisión.

    Por su parte, la comisaria Jennifer Vreedzaam señaló que ella, junto con otros miembros de la Asamblea, había dirigido una petición al CHof el 11 de mayo de 2020 debido a la discusión en la sociedad sobre el posible conflicto con la ley de amnistía modificada. Según ella, aparte de la decisión que envió el CHof al Parlamento, no se han dado “otras instrucciones” al colegio. Por tal motivo, le sorprende que se haya hecho una propuesta para derogar la ley. Asimismo, Vreedzaam declaró además que no había participado en la reunión de la comisión porque considera que la decisión del Tribunal “no debe utilizarse de forma subjetiva para cambiar los asuntos del Estado y las leyes, en nuestro órgano colegiado“. De igual modo, el comité también había argumentado que quería una explicación adicional del Tribunal sobre sus consideraciones en la revisión, mientras se enviaba una copia de la decisión a la DNA. En este punto,  la comisaria añadió que nunca se había encontrado con la necesidad de que un órgano judicial explicara sus resoluciones a “terceros”.

    Por otra parte, Ebu Jones, miembro del partido (NDP) detalló que, según la bibliografía, la derogación de la ley de Amnistía modificada no es posible, dado que en 2012 se modificó una ley básica, lo que significa que no había ninguna ley nueva. La cuestión que se plantea, conforme a lo expuesto por Jones, es si en caso de que se permitiera la derogación, se podría derogar completamente la ley o sólo las partes modificadas de la misma; es decir, como el Tribunal indicó que había revisado la ley de amnistía modificada “en su totalidad”, esto significa, según Jones, que sólo una parte de ella no podría ser derogada por el DNA. De acuerdo con lo afirmado por él, hay otras formas de realizar este proceso; no obstante puso la decisión en manos de los iniciadores. Concluyó añadiendo que, todavía es necesaria una ley orgánica para establecer las consecuencias jurídicas de la decisión del Tribunal Constitucional.

    Por otro lado, el miembro del Partido de la Fraternidad y Unidad en la Política (Bep) Ronny Asabina, en su presentación, dijo que en abril de 2012, el Bep, como socio de la coalición, no participó en la votación para modificar el proyecto de ley de Amnistía en el Parlamento. En aquel momento, el Bep tenía una opinión y un punto de vista diferente a los de otros partidos de la coalición de entonces. Sin embargo, los partidos Liberación General y Desarrollo (ABOP), Pertjajah Luhur, Partido Democrático Nacional (NDP) y el Sindicato de Trabajadores y Agricultores Progresistas (PALU), sí apoyaron la enmienda. “Nuestra posición estuvo basada en que la ley de Amnistía y la forma de su modificación, entre otras cosas, violan los tratados internacionales de derechos humanos que Suriname ha ratificado”, precisó el partido Bep.

    “No nos oponemos a la amnistía, pero consideramos que no se debe obstaculizar el proceso legal del caso de los asesinatos del 8 diciembre, por ende estábamos en contra de la amnistía en esa fase de dicho juicio”, declaró Asabina.

     

    fuente:https://unitednews.sr/gewijzigde-amnestiewet-ingetrokken/

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    La Ley de Amnistía de 1989, modificada en abril de 2012, fue derogada en la noche del viernes tras su aprobación por la Asamblea Nacional con 32 votos a favor y 12 en contra. Actualmente, la publicación de la ley original que había sido promulgada en 1992 tuvo lugar el sábado, al día siguiente de su aprobación por el Parlamento, mediante una nueva publicación en el Boletín Oficial de Suriname por parte del Gobierno.

    Asimismo, se dio a conocer que los parlamentarios Ivanildo Plein (Partido Nacional de Suriname NPS) y Asiskumar Gajadien (Partido de la Reforma Progresista VHP), habían presentado una iniciativa de ley para su discusión con las partes pertinentes. El proyecto llegó después de que el Tribunal Constitucional dictaminara que la norma enmendada violaba la Constitución de Suriname y los tratados internacionales. Sin embargo, el Partido Democrático Nacional (NDP) no estaba de acuerdo con el procedimiento seguido por el parlamento y por ello votó en contra.

    En este marco, el presidente de la Comisión de Reporteros, Mahinder Jogi, señaló que los miembros de la asamblea habían solicitado al citado órgano jurisdiccional el año pasado, en virtud de la Ley del Tribunal Constitucional, la revisión del proyecto de ley de Amnistía en su versión modificada. En dicha revisión comprobaron que existe un problema de aplicación de la ley. La petición de los representantes de la sociedad parecía legítima, tras lo cual el Tribunal Constitucional (CHof, por sus siglas en neerlandés) estudió el asunto de acuerdo con sus competencias legales. “El tribunal hizo su trabajo, efectuó la revisión que le correspondía, y llegó a la conclusión de que la norma no es vinculante, es decir que carece de carácter obligatorio, lo que significa que ahora le corresponde de acuerdo con la Constitución el Parlamento en este caso, -que junto con el Gobierno constituye el poder legislativo-, corregir lo que no está correcto en esa ley de Amnistía”, enfatizó el presidente de la comisión.

    Por su parte, la comisaria Jennifer Vreedzaam señaló que ella, junto con otros miembros de la Asamblea, había dirigido una petición al CHof el 11 de mayo de 2020 debido a la discusión en la sociedad sobre el posible conflicto con la ley de amnistía modificada. Según ella, aparte de la decisión que envió el CHof al Parlamento, no se han dado “otras instrucciones” al colegio. Por tal motivo, le sorprende que se haya hecho una propuesta para derogar la ley. Asimismo, Vreedzaam declaró además que no había participado en la reunión de la comisión porque considera que la decisión del Tribunal “no debe utilizarse de forma subjetiva para cambiar los asuntos del Estado y las leyes, en nuestro órgano colegiado“. De igual modo, el comité también había argumentado que quería una explicación adicional del Tribunal sobre sus consideraciones en la revisión, mientras se enviaba una copia de la decisión a la DNA. En este punto,  la comisaria añadió que nunca se había encontrado con la necesidad de que un órgano judicial explicara sus resoluciones a “terceros”.

    Por otra parte, Ebu Jones, miembro del partido (NDP) detalló que, según la bibliografía, la derogación de la ley de Amnistía modificada no es posible, dado que en 2012 se modificó una ley básica, lo que significa que no había ninguna ley nueva. La cuestión que se plantea, conforme a lo expuesto por Jones, es si en caso de que se permitiera la derogación, se podría derogar completamente la ley o sólo las partes modificadas de la misma; es decir, como el Tribunal indicó que había revisado la ley de amnistía modificada “en su totalidad”, esto significa, según Jones, que sólo una parte de ella no podría ser derogada por el DNA. De acuerdo con lo afirmado por él, hay otras formas de realizar este proceso; no obstante puso la decisión en manos de los iniciadores. Concluyó añadiendo que, todavía es necesaria una ley orgánica para establecer las consecuencias jurídicas de la decisión del Tribunal Constitucional.

    Por otro lado, el miembro del Partido de la Fraternidad y Unidad en la Política (Bep) Ronny Asabina, en su presentación, dijo que en abril de 2012, el Bep, como socio de la coalición, no participó en la votación para modificar el proyecto de ley de Amnistía en el Parlamento. En aquel momento, el Bep tenía una opinión y un punto de vista diferente a los de otros partidos de la coalición de entonces. Sin embargo, los partidos Liberación General y Desarrollo (ABOP), Pertjajah Luhur, Partido Democrático Nacional (NDP) y el Sindicato de Trabajadores y Agricultores Progresistas (PALU), sí apoyaron la enmienda. “Nuestra posición estuvo basada en que la ley de Amnistía y la forma de su modificación, entre otras cosas, violan los tratados internacionales de derechos humanos que Suriname ha ratificado”, precisó el partido Bep.

    “No nos oponemos a la amnistía, pero consideramos que no se debe obstaculizar el proceso legal del caso de los asesinatos del 8 diciembre, por ende estábamos en contra de la amnistía en esa fase de dicho juicio”, declaró Asabina.

     

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    Asimismo, se dio a conocer que los parlamentarios Ivanildo Plein (Partido Nacional de Suriname NPS) y Asiskumar Gajadien (Partido de la Reforma Progresista VHP), habían presentado una iniciativa de ley para su discusión con las partes pertinentes. El proyecto llegó después de que el Tribunal Constitucional dictaminara que la norma enmendada violaba la Constitución de Suriname y los tratados internacionales. Sin embargo, el Partido Democrático Nacional (NDP) no estaba de acuerdo con el procedimiento seguido por el parlamento y por ello votó en contra.

    En este marco, el presidente de la Comisión de Reporteros, Mahinder Jogi, señaló que los miembros de la asamblea habían solicitado al citado órgano jurisdiccional el año pasado, en virtud de la Ley del Tribunal Constitucional, la revisión del proyecto de ley de Amnistía en su versión modificada. En dicha revisión comprobaron que existe un problema de aplicación de la ley. La petición de los representantes de la sociedad parecía legítima, tras lo cual el Tribunal Constitucional (CHof, por sus siglas en neerlandés) estudió el asunto de acuerdo con sus competencias legales. “El tribunal hizo su trabajo, efectuó la revisión que le correspondía, y llegó a la conclusión de que la norma no es vinculante, es decir que carece de carácter obligatorio, lo que significa que ahora le corresponde de acuerdo con la Constitución el Parlamento en este caso, -que junto con el Gobierno constituye el poder legislativo-, corregir lo que no está correcto en esa ley de Amnistía”, enfatizó el presidente de la comisión.

    Por su parte, la comisaria Jennifer Vreedzaam señaló que ella, junto con otros miembros de la Asamblea, había dirigido una petición al CHof el 11 de mayo de 2020 debido a la discusión en la sociedad sobre el posible conflicto con la ley de amnistía modificada. Según ella, aparte de la decisión que envió el CHof al Parlamento, no se han dado “otras instrucciones” al colegio. Por tal motivo, le sorprende que se haya hecho una propuesta para derogar la ley. Asimismo, Vreedzaam declaró además que no había participado en la reunión de la comisión porque considera que la decisión del Tribunal “no debe utilizarse de forma subjetiva para cambiar los asuntos del Estado y las leyes, en nuestro órgano colegiado“. De igual modo, el comité también había argumentado que quería una explicación adicional del Tribunal sobre sus consideraciones en la revisión, mientras se enviaba una copia de la decisión a la DNA. En este punto,  la comisaria añadió que nunca se había encontrado con la necesidad de que un órgano judicial explicara sus resoluciones a “terceros”.

    Por otra parte, Ebu Jones, miembro del partido (NDP) detalló que, según la bibliografía, la derogación de la ley de Amnistía modificada no es posible, dado que en 2012 se modificó una ley básica, lo que significa que no había ninguna ley nueva. La cuestión que se plantea, conforme a lo expuesto por Jones, es si en caso de que se permitiera la derogación, se podría derogar completamente la ley o sólo las partes modificadas de la misma; es decir, como el Tribunal indicó que había revisado la ley de amnistía modificada “en su totalidad”, esto significa, según Jones, que sólo una parte de ella no podría ser derogada por el DNA. De acuerdo con lo afirmado por él, hay otras formas de realizar este proceso; no obstante puso la decisión en manos de los iniciadores. Concluyó añadiendo que, todavía es necesaria una ley orgánica para establecer las consecuencias jurídicas de la decisión del Tribunal Constitucional.

    Por otro lado, el miembro del Partido de la Fraternidad y Unidad en la Política (Bep) Ronny Asabina, en su presentación, dijo que en abril de 2012, el Bep, como socio de la coalición, no participó en la votación para modificar el proyecto de ley de Amnistía en el Parlamento. En aquel momento, el Bep tenía una opinión y un punto de vista diferente a los de otros partidos de la coalición de entonces. Sin embargo, los partidos Liberación General y Desarrollo (ABOP), Pertjajah Luhur, Partido Democrático Nacional (NDP) y el Sindicato de Trabajadores y Agricultores Progresistas (PALU), sí apoyaron la enmienda. “Nuestra posición estuvo basada en que la ley de Amnistía y la forma de su modificación, entre otras cosas, violan los tratados internacionales de derechos humanos que Suriname ha ratificado”, precisó el partido Bep.

    “No nos oponemos a la amnistía, pero consideramos que no se debe obstaculizar el proceso legal del caso de los asesinatos del 8 diciembre, por ende estábamos en contra de la amnistía en esa fase de dicho juicio”, declaró Asabina.

     

    fuente:https://unitednews.sr/gewijzigde-amnestiewet-ingetrokken/

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