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Tuesday, January 25, 2022
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    Dispositivos de rastreos ayudarían en la lucha en contra del crimen organizado

    Foto: dwtonline.com (inspector jefe Humphrey Naarden)

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    En una entrevista concedida al diario de Ware Tijd el pasado jueves, el jefe de la Brigada de Antinarcóticos, Amriet Tiloe, afirmó que si la policía dispone de dispositivos para rastrear las llamadas telefónicas, estos pueden ser utilizarlos para trabajar en contra del crimen organizado  relacionado con las drogas con mayor eficacia. Asimismo, se refirió a la quema de un gran cargamento de drogas, incluidos 1450 kg de cocaína, en la región de Kraka, en el distrito de Para. Gran parte de las drogas son los 895 kg de cocaína que la policía interceptó en Tafelberg, en el distrito de Sipaliwini. 

    Por otro lado, Tiloe precisó que como resultado de las sustancias narcóticas confiscadas se ha vuelto a demostrar que Suriname es un país de tránsito de drogas. “Nuestras fronteras no están bien vigiladas”. De hecho, según él, la policía no tiene pruebas de la existencia de un laboratorio de cocaína en el interior. “La policía tenía aparatos para el rastreo de llamadas telefónicas, pero desde hace más de diez años fueron eliminados”, dijo Tiloe sin entrar en detalles.

    Por otra parte, el portavoz de la policía, Humphrey Naarden, subrayó que la autoridad policial aún no está autorizada para utilizar dispositivos de rastreo de llamadas. Igualmente, explicó que para poder realizar estos trabajos, primero debe estar vigente la ley de Poderes Especiales de Investigación (BOB). Entonces, solo después de la entrada en vigor de esta norma, la policía podrá ponerse a trabajar con cámaras y rastrear las llamadas telefónicas.

    Naarden por su parte recordó que el proyecto de Ley BOB se elaboró bajo la presidencia de Ronald Venetiaan. En este marco, añadió que supo que en la Asamblea Nacional este fue indirectamente un tema de debate recientemente. Y es que según Naarden, esta ley no puede contradecir lo estipulado en la Ley de Privacidad; además, afirmó que este proyecto de ley es un mecanismo de control. Por consiguiente, ratificó que el Cuerpo de Policía de Suriname (Korps Politie Suriname, KPS) no tiene permitido colocar rastreadores de teléfono y cámaras en las instalaciones donde se encuentren o vayan a encontrarse los sospechosos (de drogas).

    Por ende, el KPS debe tener la capacidad de justificar ante la fiscalía la necesidad de utilizar el equipo de rastreo en aras de la investigación. Este permiso lo otorga o lo deniega el fiscal, basándose en la información proporcionada por la policía. Si se concede el permiso, la policía debe recopilar información en un plazo de dos semanas y presentarla al Ministerio Público (OM), el cual determinará si se puede extender la intercepción policial. En caso de que se decida ejecutarla, se establece un nuevo “periodo de validez”. En cambio, si el OM determina no hacerlo, la policía no puede volver a intervenir, pues de lo contrario estaría actuando ilegalmente, explicó Naarden.

    Finalmente, el inspector jefe expresó que Suriname coopera con las autoridades judiciales extranjeras en la lucha contra la delincuencia transfronteriza, como los delitos en contra de las drogas. En este sentido, añadió que las embajadas en Suriname suelen tener un agregado policial que trabaja con el KPS. También se establecen cooperaciones con la DEA, la agencia antidroga estadounidense. Igualmente, hizo alusión a que antes había un representante de la DEA en Suriname, pero se marchó durante el anterior gobierno. Sin embargo, Guyana si cuenta con una oficina de esta organización de control de drogas.

     

    fuente:Afluisterapparatuur kan ook wapen zijn bij aanpak drugscriminaliteit – DWTonline.com/mobiel

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    Foto: dwtonline.com (inspector jefe Humphrey Naarden)

    En una entrevista concedida al diario de Ware Tijd el pasado jueves, el jefe de la Brigada de Antinarcóticos, Amriet Tiloe, afirmó que si la policía dispone de dispositivos para rastrear las llamadas telefónicas, estos pueden ser utilizarlos para trabajar en contra del crimen organizado  relacionado con las drogas con mayor eficacia. Asimismo, se refirió a la quema de un gran cargamento de drogas, incluidos 1450 kg de cocaína, en la región de Kraka, en el distrito de Para. Gran parte de las drogas son los 895 kg de cocaína que la policía interceptó en Tafelberg, en el distrito de Sipaliwini. 

    Por otro lado, Tiloe precisó que como resultado de las sustancias narcóticas confiscadas se ha vuelto a demostrar que Suriname es un país de tránsito de drogas. “Nuestras fronteras no están bien vigiladas”. De hecho, según él, la policía no tiene pruebas de la existencia de un laboratorio de cocaína en el interior. “La policía tenía aparatos para el rastreo de llamadas telefónicas, pero desde hace más de diez años fueron eliminados”, dijo Tiloe sin entrar en detalles.

    Por otra parte, el portavoz de la policía, Humphrey Naarden, subrayó que la autoridad policial aún no está autorizada para utilizar dispositivos de rastreo de llamadas. Igualmente, explicó que para poder realizar estos trabajos, primero debe estar vigente la ley de Poderes Especiales de Investigación (BOB). Entonces, solo después de la entrada en vigor de esta norma, la policía podrá ponerse a trabajar con cámaras y rastrear las llamadas telefónicas.

    Naarden por su parte recordó que el proyecto de Ley BOB se elaboró bajo la presidencia de Ronald Venetiaan. En este marco, añadió que supo que en la Asamblea Nacional este fue indirectamente un tema de debate recientemente. Y es que según Naarden, esta ley no puede contradecir lo estipulado en la Ley de Privacidad; además, afirmó que este proyecto de ley es un mecanismo de control. Por consiguiente, ratificó que el Cuerpo de Policía de Suriname (Korps Politie Suriname, KPS) no tiene permitido colocar rastreadores de teléfono y cámaras en las instalaciones donde se encuentren o vayan a encontrarse los sospechosos (de drogas).

    Por ende, el KPS debe tener la capacidad de justificar ante la fiscalía la necesidad de utilizar el equipo de rastreo en aras de la investigación. Este permiso lo otorga o lo deniega el fiscal, basándose en la información proporcionada por la policía. Si se concede el permiso, la policía debe recopilar información en un plazo de dos semanas y presentarla al Ministerio Público (OM), el cual determinará si se puede extender la intercepción policial. En caso de que se decida ejecutarla, se establece un nuevo “periodo de validez”. En cambio, si el OM determina no hacerlo, la policía no puede volver a intervenir, pues de lo contrario estaría actuando ilegalmente, explicó Naarden.

    Finalmente, el inspector jefe expresó que Suriname coopera con las autoridades judiciales extranjeras en la lucha contra la delincuencia transfronteriza, como los delitos en contra de las drogas. En este sentido, añadió que las embajadas en Suriname suelen tener un agregado policial que trabaja con el KPS. También se establecen cooperaciones con la DEA, la agencia antidroga estadounidense. Igualmente, hizo alusión a que antes había un representante de la DEA en Suriname, pero se marchó durante el anterior gobierno. Sin embargo, Guyana si cuenta con una oficina de esta organización de control de drogas.

     

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    Por otro lado, Tiloe precisó que como resultado de las sustancias narcóticas confiscadas se ha vuelto a demostrar que Suriname es un país de tránsito de drogas. “Nuestras fronteras no están bien vigiladas”. De hecho, según él, la policía no tiene pruebas de la existencia de un laboratorio de cocaína en el interior. “La policía tenía aparatos para el rastreo de llamadas telefónicas, pero desde hace más de diez años fueron eliminados”, dijo Tiloe sin entrar en detalles.

    Por otra parte, el portavoz de la policía, Humphrey Naarden, subrayó que la autoridad policial aún no está autorizada para utilizar dispositivos de rastreo de llamadas. Igualmente, explicó que para poder realizar estos trabajos, primero debe estar vigente la ley de Poderes Especiales de Investigación (BOB). Entonces, solo después de la entrada en vigor de esta norma, la policía podrá ponerse a trabajar con cámaras y rastrear las llamadas telefónicas.

    Naarden por su parte recordó que el proyecto de Ley BOB se elaboró bajo la presidencia de Ronald Venetiaan. En este marco, añadió que supo que en la Asamblea Nacional este fue indirectamente un tema de debate recientemente. Y es que según Naarden, esta ley no puede contradecir lo estipulado en la Ley de Privacidad; además, afirmó que este proyecto de ley es un mecanismo de control. Por consiguiente, ratificó que el Cuerpo de Policía de Suriname (Korps Politie Suriname, KPS) no tiene permitido colocar rastreadores de teléfono y cámaras en las instalaciones donde se encuentren o vayan a encontrarse los sospechosos (de drogas).

    Por ende, el KPS debe tener la capacidad de justificar ante la fiscalía la necesidad de utilizar el equipo de rastreo en aras de la investigación. Este permiso lo otorga o lo deniega el fiscal, basándose en la información proporcionada por la policía. Si se concede el permiso, la policía debe recopilar información en un plazo de dos semanas y presentarla al Ministerio Público (OM), el cual determinará si se puede extender la intercepción policial. En caso de que se decida ejecutarla, se establece un nuevo “periodo de validez”. En cambio, si el OM determina no hacerlo, la policía no puede volver a intervenir, pues de lo contrario estaría actuando ilegalmente, explicó Naarden.

    Finalmente, el inspector jefe expresó que Suriname coopera con las autoridades judiciales extranjeras en la lucha contra la delincuencia transfronteriza, como los delitos en contra de las drogas. En este sentido, añadió que las embajadas en Suriname suelen tener un agregado policial que trabaja con el KPS. También se establecen cooperaciones con la DEA, la agencia antidroga estadounidense. Igualmente, hizo alusión a que antes había un representante de la DEA en Suriname, pero se marchó durante el anterior gobierno. Sin embargo, Guyana si cuenta con una oficina de esta organización de control de drogas.

     

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